La Constitución española sólo contempla el cierre de un medio en Estado de Sitio.
Rueda de Prensa de los procesados de EGIN Jabier Salutregi, Diector, Teresa Toda, Subdirectora y Pepe Rei, Jefe de Investigación y de su abogado Iñigo Iruin.
Información publicada en GARA el 14 de julio de 2001.

Iruin destaca que la Constitución española sólocontempla el cierre de un medio en estado de sitio

Alazne BASAÑEZ | DONOSTIA

El tercer aniversario de la clausura de ''Egin'' y de Egin Irratiacoincide con la resolución dictada por la Sala Cuarta dela Audiencia Nacional, una decisión «transcendentalque cuestiona de raíz la instrucción del juez Garzóny reconoce que no había base legal para el cierre y quese realizó a través de una argucia jurídicaque ahora ha quedado al descubierto», manifestó ayerel abogado Iñigo Iruin.

El letrado compareció en rueda de prensa en Donostiajunto a los procesados Jabier Salutregi, Teresa Toda, Pepe Rei,director, subdirectora y jefe de investigación del diarioclausurado, respectivamente, y el representante del comitéde empresa Patxi Hernández.

Iruin subrayó que el cierre de un medio de comunicaciónsólo está contemplado en la Constituciónespañola en un supuesto que no se dio cuando el juez Garzónejecutó la clausura como es el estado de excepcióno de sitio, y que la única medida cautelar es el secuestrode la publicación. Recordó que el Tribunal Constitucionaldeclaró inconstitucional en 1987 la única normapenal que posibilitaba el cierre provisional de un medio de comunicaciónrecogida en la «Ley Antiterrorista» de 1984.

«El Constitucional le dijo al legislador que no estaba habilitadopara establecer una suspensión singular del derecho a lalibertad de expresión e información en los casosde bandas armadas y de organizaciones terroristas porque una finalidadmera- mente preventiva no puede justificar una privacióntan radical de esos derechos fundamentales».

En base a esos tres elementos, constató que «entérminos constitucionales no era ni es concebible la imposiciónde una pena de muerte a un medio de comunicación a travésdel expediente de su clausura provisional», al tiempo queinformó que habría que remontarse al franquismopara encontrar una norma que posibilite el cierre cautelar.

Según explicó, Garzón canalizóel cierre por medio del artículo 129 del CódigoPenal pero «sin hacer una aplicación constitucionalde ese precepto, que en ningún caso posibilitaba la clausurasi la empresa era un medio de comunicación».

Precisó, además, que dicho artículo esaplicable en caso de «integración en banda armada»,pero no en el de «colaboración», por lo querealizó una calificación jurídica interesadade los hechos «por delito de pertenencia a banda armada,con la única finalidad de sostener la medida cautelar decierre». A esa calificación sumó «unateorización de carácter político-policialpor la que "Egin" era un instrumento de ETA, estabaintegrada en ETA. Hecha la teorización ya no hace faltaprobar, es simplemente una deducción».

Iruin destacó que esa ausencia de acreditaciónde las imputaciones ha llevado a la Sección Cuarta a revocarel procesamiento dictado por Garzón contra los miembrosdel Consejo de Administración y la dirección de''''Egin'''' por un supuesto «delito de integración enbanda armada, y los ha reconducido a delitos de colaboración».

Afirmó, así, que se trató de una clausura«utilizada para un fin no legítimo» porquela prórroga de la medida «se sustentó en podercontinuar con la investigación judicial».

Denunció que se realizó «un uso excepcionaldel Derecho y una utilización fraudulenta de normas parahacer posible el cierre de ''Egin'', una pieza dentro de una estrategiapolítica más global». Sentenció quefue «un cierre político con apariencia de legalidadargumentado desde la criminalización de una ideología»y recordó que la Sección Cuarta constata que «lasideologías no delinquen aunque exista una organizaciónarmada que persiga los mismos objetivos».

«Quienes coadyuvaron al cierre, ahora callan»

A.B. | DONOSTIA

Jabier Salutregi, director de ''''Egin'''', afirmó ayerque «salvo excepciones, ningún medio ha dimensionadoeste escándalo», al tiempo que subrayó que«aquellos que coadyuvaron a dimensionarlo como alarma socialy a nuestro procesamiento, ahora callan y no dicen nada».

Consideró que con esa actitud «consagran la ideologíadel poder actual, la del pensamiento único. Para ellossólo existe una libertad de expresión, que es lasuya, la de los demás no existe e incluso es delictiva.Estamos en una situación en la que sólo es escándalolo que los medios dicen que es», destacó para apostillarque «el verdadero escándalo es el silencio».

Salutregi afirmó que cada año que pasa deja aldescubierto que «es insostenible sostener el cierre, yaque vemos cómo caen todos los argumentos que expuso Garzóny se desinfla el globo que hincharon tanto él como MayorOreja». Pese a ello, aseguró que «nos presentamoscon pocas esperanzas de que este tema tome las dimensiones quedebería tomar».

Se dirigió, en este punto, a los estamentos oficialesy a las asociaciones de prensa «que se mueven en otros momentos»,para pedirles que «se interesen un poco» por esteasunto. «Hasta ahora oficialmente, por lo menos a mí,no se ha dirigido nadie nunca para ofrecer ayuda ni solidaridad»,recordó.

Fogasa sigue sin pagar a la mitad de la plantilla

A.B. | DONOSTIA

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) continúasin pagar los sueldos atrasados y las indemnizaciones correspondientesa 126 de los 247 trabajadores que conformaban la plantilla de''''Egin'''' y Egin Irratia por «una supuesta sucesiónde empresas entre Orain y EKHE», según manifestóayer el que fuera miembro del comité de empresa Patxi Hernández.

Explicó que la medida de Fogasa afecta a los empleadosque en la actualidad trabajan en GARA así como a quieneshayan mantenido una relación contractual con la empresaeditora de este diario. Precisó, en este contexto, quelos trabajadores ganaron en primera instancia la demanda interpuestaen el Juzgado de lo Social de Donostia contra Fogasa, organismoque recurrió el fallo ante el TSJPV. En Iruñea,sin embargo, el TSJN desestimó el recurso y los dos trabajadoresdemandantes ­«uno de ellos trabaja en GARA»­cobraron esas retribuciones.

Hernández informó que se ha presentado una solicitudpara que Fogasa adelante el 50% de las cantidades adeudadas alos trabajadores por la clausura de ambos medios de comunicación.

Denunció la actuación del Fogasa, que «desdesu Secretaría General en Madrid, persigue perjudicar losintereses de los trabajadores que en un ''Estado de Derecho'' debemostener los mismos derechos que los trabajadores de otras empresas».